El Parlamento, contra los ciudadanos
Domingo, 24 julio 2011
Las instituciones y la calle no están tan lejos entre sí como parece. Incluso instituciones no representativas como el Tribunal Constitucional (TC) pueden aliarse con el movimiento de los indignados en sus demandas de transparencia a los políticos elegidos por los ciudadanos. Esta unión se manifiesta de manera muy oportuna en una resolución del TC que, afeando la conducta de la Mesa de las Cortes de Aragón, ha garantizado a un grupo de ciudadanos el ejercicio de su derecho de petición (artículo 29 de la Constitución).
En el año 2009 la Asociación para la defensa de la función pública aragonesa había mostrado su malestar con las irregularidades de la actividad política en la comunidad, intentando corregirlas con dos iniciativas complementarias. Por un lado, solicitó la creación de una comisión parlamentaria especial de estudio sobre los criterios de conducta pública aplicables a todas las instituciones aragonesas. Por otro, mediante una solicitud similar aunque más específica, instó de las Cortes de Aragón la constitución de una comisión parlamentaria de investigación para esclarecer el estado y funcionamiento de los gabinetes de los miembros del Gobierno autonómico.
El esfuerzo de la Asociación para la defensa de la función pública aragonesa fue en vano. Sus dos iniciativas de restablecer la ética pública y con ella la confianza de los ciudadanos en el comportamiento de las instituciones políticas de la región se estrellaron contra la Mesa de las Cortes. Ésta, sin más preámbulos, archivó ambas solicitudes por falta de legitimación de los peticionarios. Según el dictamen de la Mesa (refrendado luego por la Letrada de las Cortes de Aragón), la asociación ciudadana promotora de las reformas se entrometía en el núcleo de la función parlamentaria, en el ius in officium reservado a los diputados aragoneses, los únicos competentes para, digámoslo así, “regenerar” (desde dentro, claro) la actividad política de la comunidad y librarla de sus posibles defectos. “Zapatero, a tus zapatos”, es lo que vinieron a decirles los representantes electos a sus votantes. Como en el juego chino del go, los diputados son los dueños de la matriz de control. Los miembros del pueblo sólo ocupan las posiciones secundarias del juego, están sometidos al poder de lo discrecional y graciable.
El TC, sin embargo, ha puesto las cosas en su sitio. La participación política de los ciudadanos no se limita a votar en las elecciones el año que toque. Los ciudadanos también tenemos derecho a quejarnos, a que nuestras peticiones sean al menos escuchadas por los representantes de la voluntad popular reunidos en un pleno parlamentario o en una comisión específica. El derecho constitucional de petición –muy poco ejercido, esa es la verdad- coadyuva a que los políticos profesionales, si realmente quieren, conozcan las preocupaciones de la sociedad a la que representan. De primera mano, de forma directa y sin el cortafuegos de las Mesas de las instituciones parlamentarias. Las Mesas no tienen otra función que la jurídico-técnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para garantizar precisamente que sean un foro real de los debates que interesan a los ciudadanos. Aunque hoy no cumplen bien esa función y son la correa de transmisión en el Parlamento del poder de los partidos mayoritarios. El locuaz José Bono lo acaba de expresar divinamente a propósito de la indumentaria masculina. El consuegro de Raphael y última adquisición de la estirpe de Romanones nos tiene cogidos por el nudo de la corbata para que todos –damas y caballeros- seamos respetuosos con el Emperador del Japón.
Domingo, 24 julio 2011
Las instituciones y la calle no están tan lejos entre sí como parece. Incluso instituciones no representativas como el Tribunal Constitucional (TC) pueden aliarse con el movimiento de los indignados en sus demandas de transparencia a los políticos elegidos por los ciudadanos. Esta unión se manifiesta de manera muy oportuna en una resolución del TC que, afeando la conducta de la Mesa de las Cortes de Aragón, ha garantizado a un grupo de ciudadanos el ejercicio de su derecho de petición (artículo 29 de la Constitución).
En el año 2009 la Asociación para la defensa de la función pública aragonesa había mostrado su malestar con las irregularidades de la actividad política en la comunidad, intentando corregirlas con dos iniciativas complementarias. Por un lado, solicitó la creación de una comisión parlamentaria especial de estudio sobre los criterios de conducta pública aplicables a todas las instituciones aragonesas. Por otro, mediante una solicitud similar aunque más específica, instó de las Cortes de Aragón la constitución de una comisión parlamentaria de investigación para esclarecer el estado y funcionamiento de los gabinetes de los miembros del Gobierno autonómico.
El esfuerzo de la Asociación para la defensa de la función pública aragonesa fue en vano. Sus dos iniciativas de restablecer la ética pública y con ella la confianza de los ciudadanos en el comportamiento de las instituciones políticas de la región se estrellaron contra la Mesa de las Cortes. Ésta, sin más preámbulos, archivó ambas solicitudes por falta de legitimación de los peticionarios. Según el dictamen de la Mesa (refrendado luego por la Letrada de las Cortes de Aragón), la asociación ciudadana promotora de las reformas se entrometía en el núcleo de la función parlamentaria, en el ius in officium reservado a los diputados aragoneses, los únicos competentes para, digámoslo así, “regenerar” (desde dentro, claro) la actividad política de la comunidad y librarla de sus posibles defectos. “Zapatero, a tus zapatos”, es lo que vinieron a decirles los representantes electos a sus votantes. Como en el juego chino del go, los diputados son los dueños de la matriz de control. Los miembros del pueblo sólo ocupan las posiciones secundarias del juego, están sometidos al poder de lo discrecional y graciable.
El TC, sin embargo, ha puesto las cosas en su sitio. La participación política de los ciudadanos no se limita a votar en las elecciones el año que toque. Los ciudadanos también tenemos derecho a quejarnos, a que nuestras peticiones sean al menos escuchadas por los representantes de la voluntad popular reunidos en un pleno parlamentario o en una comisión específica. El derecho constitucional de petición –muy poco ejercido, esa es la verdad- coadyuva a que los políticos profesionales, si realmente quieren, conozcan las preocupaciones de la sociedad a la que representan. De primera mano, de forma directa y sin el cortafuegos de las Mesas de las instituciones parlamentarias. Las Mesas no tienen otra función que la jurídico-técnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para garantizar precisamente que sean un foro real de los debates que interesan a los ciudadanos. Aunque hoy no cumplen bien esa función y son la correa de transmisión en el Parlamento del poder de los partidos mayoritarios. El locuaz José Bono lo acaba de expresar divinamente a propósito de la indumentaria masculina. El consuegro de Raphael y última adquisición de la estirpe de Romanones nos tiene cogidos por el nudo de la corbata para que todos –damas y caballeros- seamos respetuosos con el Emperador del Japón.
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