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11 julio, 2011

CONTRA EL EXPOLIO A LA SEGURIDAD SOCIAL


El próximo jueves
15M.- Los 'indignados' se concentrarán a las puertas del Ministerio de Trabajo "contra el expolio a la Seguridad Social"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General del movimiento 15M celebrada este domingo en Sol ha decidido unirse a una concentración que tendrá lugar el próximo jueves 14 de julio a las 19.30 horas frente al Ministerio de Trabajo "contra el expolio a la Seguridad Social" y en señal de protesta contra el nuevo pacto PSOE-CiU "que permite más privatización en la Salud".

La concentración está convocada por la Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad pública de Madrid (Cas Madrid) y el colectivo Matusalén ('Madrileño Tu Salud en Peligro').

En su encuentro de este domingo, los 'indignados' han criticado el copago sanitario, además de reclamar la vuelta al sistema de cooperación y coordinación entre centros, tras la reunión convocada para debatir, entre otras cosas, sobre temas de Salud.

Este grupo, que lleva dos meses trabajando y reformulando su manifiesto, se ha posicionado "rotundamente" en contra del copago, ya que, según afirma, ya se "paga con impuestos". Asimismo, ha manifestado que se estima "fraude fiscal de 180.000 millones de euros", y ha pedido una investigación.

Además, han propuesto que se realicen turnos de tarde en los hospitales públicos para así evitar la contratación de empresas privadas con el objetivo de aligerar la espera de operaciones y han pedido la Ley de Transparencia de Datos para que se pueda saber cuándo funciona y en qué falla la Sanidad pública.

¿DE QUIÉN ES EL AGUA?

Juan Gelman: ¿De quién es el agua?
http://mamvas.blogspot.com/2011/07/juan-gelman-de-quien-es-el-agua.html#more

Aunque el sentido común responde que es de todos, los hechos suelen contradecirlo: el calentamiento global y los cambios climáticos que conlleva han convertido el agua en algo tanto o más codiciado que el petróleo y grandes empresas se están convirtiendo en dueñas de ese recurso natural, extrañamente, con la ayuda de las Naciones Unidas, la organización creada para velar por los derechos de los habitantes del planeta entero. En este caso, y no sólo, parece inclinada a preservar más a los unos que a los otros. Con razón decía Bernard Shaw que el sentido común es el menos común de los sentidos.

Una de las primeras medidas que adoptó Ban Ki-moon, flamante secretario general de la ONU, fue el lanzamiento del CEO Water Mandate, “una iniciativa público-privada especial destinada a asistir a las empresas en el desarrollo, aplicación y difusión de políticas y prácticas sostenibles en la esfera del agua” (www.unglobalcompact.org). Un propósito loable, su trastienda no tanto. Megapolios como Marck&Co o Siemens se acogen al Mandato para privatizar un bien común. Como sucede con otros proyectos importantes de la ONU, FMI, el Banco Mundial y bancos de desarrollo regionales en general se encargan de manejarlos.

El Banco Mundial acaba de asumir el control del Fondo Verde de la Conferencia sobre el Cambio Climático, financiado con 100 mil millones de dólares. Es notoria la poca o ninguna transparencia del BM en lo que hace a proyectos similares, pero estas iniciativas se reiteran “no sólo porque los Estados miembros más poderosos de las Naciones Unidas las empujan”, señaló Maud Barlow, presidenta del Consejo Nacional de Canadienses (CNC): también porque la ONU carece de fondos suficientes y sus organismos y programas “recurren al patrocinio privado para funcionar”. Barlow es autora, entre otros libros, de Oro azul y El Pacto Azul: la crisis mundial del agua y la lucha por el derecho al agua.

La ecologista canadiense ha subrayado, en el prólogo de un estudio del CNC sobre la influencia del sector privado en las Naciones Unidas, que el planeta está en vísperas de una crisis de proporciones aterradoras en materia de abastecimiento de agua (//blueplanetproject.net). Observa que el FMI “fuerza a las naciones endeudadas a vender bienes públicos, incluyendo los acuíferos, como condición para otorgar una ayuda financiera. Todo el sistema (de la ONU) está regido por estas corporaciones”. Que sólo buscan ganancias, naturalmente.

El informe del CNC detalla ese dominio en varias organizaciones del sistema, incluso anteriores a 2007. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) concertó en el 2005 una asociación con la empresa Volvic, abastecedora de agua mineral, y llevó a cabo una campaña pública de proporciones en Alemania con el lema “1 litro por 10 litros”. La empresa se comprometió a contribuir monetariamente a un programa de Unicef en estos términos: por cada litro de agua Volvic que se vendiera en el país europeo, la empresa aportaría lo necesario para que los habitantes del distrito Amhara en Etiopía tuvieran acceso a 10 litros de agua potable. La iniciativa se repitió en otros mercados occidentales, lo que permitió que el programa se extendiera a zonas de Níger y Malí.

Volvic donó medio millón de dólares de sus ventas en EE.UU. y Canadá en el bienio 2008-2009 para financiar proyectos de Unicef (www.drink1give10.com). Bien, pero cabe señalar que las ventas de la sección Agua del grupo francés Danone, al que Volvic pertenece, ascendieron aproximadamente a 3700 millones de dólares sólo en el 2008 (www.danone.com, 24/6/10). El CNC manifiesta en el estudio que la vinculación explícita de Unicef con Volvic en grandes mercados consumidores como Francia, Japón, Canadá y EE.UU. es un valor agregado y estima que las ventas de los productos embotellados de Danone “bien pudieron haber excedido el valor (correspondiente) de la contribución de 500 mil dólares a Unicef”.

La Unidad de Inspección Conjunta de la ONU señaló en un informe del año pasado que esta clase de asociaciones carecen de “un sistema eficaz de supervisión para medir la implementación real de los principios (establecidos) por los participantes”, lo cual ha despertado las críticas de varios Estados miembros de Naciones Unidas y el riesgo de lastimar la reputación de la organización internacional (www.unjiu.org, septiembre de 2010). Sin embargo, aumenta su participación en estos emprendimientos “especiales”.

Un rasgo característico de estas transacciones, reconocido por el Banco Mundial, es que las empresas se niegan a invertir en la infraestructura necesaria para mejorar el acceso a este recurso: sólo quieren recortar las operaciones para aumentar sus beneficios. Así, el precio del líquido aumenta y su calidad empeora. En Francia, considerado el impulsor más importante de la privatización del agua, hay marcha atrás: en junio, la alcaidía de París readquirió los servicios de agua manejados por las compañías Veolia y Suez. Pero no siempre la rapacidad encuentra freno.

"cristo" NI ESTÁ, NI SE LE ESPERA, PERO HAY NOTICIAS DE LOS LADRONES.

La Iglesia inscribe como propios miles de inmuebles
Una ley de 1998 permite a los obispos adueñarse de templos de culto de forma opaca - Pueblos de toda España descubren con sorpresa la apropiación

CARMEN MORÁN - Madrid - 11/07/2011

La Iglesia española viene durante años poniendo a su nombre casas rectorales, viñedos, olivares, atrios, solares, pisos que pertenecían a los pueblos o que, en todo caso, nunca se registraron. Y lo ha hecho calladamente, sin que nadie percibiera esta suerte de voracidad inmobiliaria amparada por los artículos 206 y 304 de la Ley y el Reglamento Hipotecario. Los obispos pueden emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos. Este privilegio se agrandó en 1998, cuando el Gobierno de entonces suprimió el artículo 5 del reglamento citado, que impedía la misma práctica sobre edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas.

Desde aquel año, también pueden inscribir las propiedades a su nombre. A eso se llama, en la jerga administrativa, inmatricular. Y lo están haciendo a destajo. Puede decirse que en Navarra las jerárquicas sotanas han arrasado el territorio. A nombre de la diócesis figuran ya cientos de templos parroquiales, ermitas, basílicas, con todo lo que tienen dentro; también tienen a su nombre casas, almacenes y hasta cementerios, garajes o frontones.

¿Solo en Navarra? No. Por toda España se repite el mismo procedimiento, que es tan barato y sencillo para ellos como complejo para un ciudadano particular. Muchos alcaldes y particulares han descubierto el caso con sorpresa y luchan ahora por devolver al pueblo el inmenso patrimonio cultural e inmobiliario que consideran arrebatado. "Robo" y "expolio", repiten cuando se les pregunta por el caso.

"Inconstitucional", dicen los expertos jurídicos. "No siendo funcionarios públicos, pueden actuar como si lo fueran. Si el artículo 16 de la Constitución no otorga carácter estatal a ninguna confesión, ellos no pueden equipararse a un funcionario público", empieza Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra.

Torres cita una sentencia de 1993 que declaró inconstitucional el artículo 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hasta entonces, un cura podía desalojar a un inquilino de una casa sin tener que probar la necesidad de ocupación. Un padre no podía hacerlo sin demostrar, por ejemplo, que su hijo necesitaba la casa. La Iglesia sí. Pero aquella sentencia venía a decir que "no se pueden confundir fines estatales con fines religiosos, ni fines públicos con fines religiosos. Ni a la Iglesia con una corporación de derecho público", recuerda Alejandro Torres. "Esa filosofía es trasladable al pie de la letra en el caso de las inmatriculaciones que se están produciendo", asegura.

Puede ser, pero para que uno de estos casos llegue al Constitucional se necesita que un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad, o un recurso de amparo. O bien que un particular agote las instancias jurídicas hasta llegar a este tribunal.

"Ellos tienen tiempo y dinero, nosotros no", dice el alcalde de Garisoain, Javier Ilzarbe, que solo ha podido salvar una ermita. "Se han quedado con la iglesia de la Asunción, con el atrio, con la casa parroquial, con un solar de esa casa y los restos de otra ermita. Nos dimos cuenta hace un par de años, pero no pensamos recurrir, no tenemos posibilidades. Ganas ya tenemos, ya...".

A los alcaldes de los pueblos pequeños, como este de Navarra, apenas les queda el derecho a la pataleta. "Les cortamos la luz, que siempre la habíamos pagado nosotros; ahora la pagan ellos, y aunque nos siguen pidiendo que les arreglemos cosas ya no les hacemos las obras. En los ochenta les reparamos el tejado", dice Ilzarbe.

"Para esto se necesita voluntad política, que los grandes partidos frenen esto o que alguien lo pare en los tribunales. Esto está ocurriendo en toda España, es un escándalo monumental", dice Josemari Esparza, de la Plataforma navarra Ekimena, creada en 2007 para la defensa del patrimonio en esa comunidad.

Pero a los tribunales van los obispos, como hicieron con la ermita del Pilar, en Garisoain, que el Ayuntamiento se apresuró a registrar antes que ellos. Ganó el pueblo. "Les propusimos que la propiedad fuera del pueblo y ellos siguieran con el culto. Nanay, que ellos quieren la propiedad y punto. Encima no pagan ni el impuesto de bienes inmuebles", critica Ilzarbe.

En Huarte, también en Navarra, el alcalde pidió reunirse con el obispo. "Se negó y nos recibió el ecónomo. Nos mandó a los tribunales, y ahí estamos. Suerte que tenemos un documento de 1820 en donde la Iglesia da por buena la propiedad del pueblo sobre el templo", dice.

La Conferencia Episcopal Española deja el asunto en manos de cada diócesis. La de Navarra contesta: "La Iglesia no inscribe los edificios para apropiárselos, sino que los inscribe porque le son propios". Otra cosa, responden en un correo electrónico, "es que los Ayuntamientos quieran apropiárselos", por lo que tienen que "defenderse", aseguran.

"Si los edificios pasan a otras manos no hay garantías de que se sigan destinando al uso para el que fueron creados, como ya ha ocurrido", afirman. Y niegan que pasen a ser suyos solo porque los inscriban. "Cumplimos la ley de 1998: la Iglesia registra lo que es suyo", dicen en el mensaje. Explican también que su gasto en conservación del patrimonio es muy alto: "No es la Iglesia quien se está enriqueciendo con las aportaciones del Estado, sino que es el Estado el que se está ahorrando dinero con las aportaciones de la Iglesia".

Volvamos a Navarra. Y a su catedral. Con dinero público se pagaron millonarias reparaciones meses antes de que la diócesis la inmatriculara: 15 millones de euros. En 2006, el obispado la hizo suya y pusieron precio a las visitas y a las actividades que allí se desarrollaban, explican en la plataforma. "La Iglesia quiere la propiedad para tres cosas, vender, alquilar o hipotecar. Sabemos que ya se está vendiendo y alquilando, y desconocemos si se usa para hipotecas", dice Josemari Esparza.

Esparza cita un caso singular recogido en el libro que han publicado, el de San Miguel de Lizoain, un templo del siglo XIII "quemado y desacralizado donde el Ayuntamiento iba a montar un centro cívico. En 2003 la Iglesia la inmatriculó, el mismo día que el resto de los templos del valle, y ahora el Ayuntamiento ha tenido que comprarlo para hacer el centro que planeaba. Un negocio redondo", se indigna Esparza. Recuerda que antiguamente las iglesias eran el centro municipal, la escuela, el lugar de reuniones. Todo. "Finalmente, quedó casi en exclusiva como lugar de culto, pero nunca fue de ellos. Ahora en Tafalla cobran 300 euros por los conciertos de las bandas que se celebraban tradicionalmente allí. El negocio del futuro de la Iglesia es el inmobiliario", sigue Esparza.

En el libro de la plataforma se analiza también el caso de la capilla de San Fermín, emblemática en Pamplona. "En los archivos se recogen los inmensos esfuerzos que hubo de hacer la ciudad para construirla; tanto que tuvieron que suspender las corridas de toros durante seis años. No puede estar más acreditado que era de propiedad pública. Pues la diócesis la inmatriculó en 2003. Y hace bien de dinero con ella, por las bodas y otros ritos", explica Esparza.

En Navarra, la plataforma está pidiendo a los alcaldes que saquen normas que impidan especular con los terrenos aledaños a las iglesias, esos que se están inmatriculando.

¿De quién son las iglesias? Hay que bucear en los archivos para saberlo, y no siempre se tiene constancia. Para la Iglesia, "la posesión pacífica de bienes inmuebles durante más de 100 años es, jurídicamente, título de propiedad suficiente para inscribirlos legítimamente en el Registro de la Propiedad". Temen que los templos se usen para otros fines. Pero ese temor no puede extenderse a los frontones, los olivares, las casas rectorales, los cementerios. ¿O sí?

UNA OPINIÓN

Opinión: Ernesto Ekaizer
Cuento chino
La actitud del PP ante la crisis económica

ERNESTO EKAIZER 11/07/2011 08:00
publico.es

David Cameron, primero, y Pedro Passos Coelho están viendo ahora en Reino Unido y Portugal, respectivamente, lo que vale el peine de esta crisis económica, la más devastadora desde la Gran Depresión de los años treinta. Pero Mariano Rajoy está tocado por el rey Midas y sólo con su llegada a la Moncloa, dentro de pocos meses, la crisis comenzará a batirse en retirada.

Es como si toda esta historia de la crisis fuera un cuento chino. Que, en realidad, se trata de una huelga de los empresarios españoles que se niegan a hacer inversiones mientras Zapatero siga donde está. Eso, pues, una huelga de inversiones. Aunque esta es la filosofía del PP, quien mejor y cándidamente la expresa es un buen cuate de Rajoy, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo.

El pasado viernes, Rajoy presentó una conferencia de Feijóo en Madrid. Allí, explicó que su fórmula para el Gobierno es la de Feijóo en Galicia: austeridad, y reducción del número de consejerías y de los cargos de confianza.

Feijóo recuperó la mayoría absoluta para el PP en marzo de 2009. Heredó de Emilio Pérez Touriño 162.700 parados, una tasa del 12,22%, cuando el porcentaje en España ascendía al 17,36%, según los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2009. Después de dos años largos de aplicación de las recetas del Gobierno gallego, el número de desempleados ha llegado a 226.500 personas, una tasa del 17,33%, mientras que la nacional se situaba en el 21,29%. Se dirá, claro, que lo que necesita Feijóo es a Rajoy en la Moncloa para enderezar la situación. Porque el presidente gallego estima que la crisis llega a su punto final con Rajoy. Esta seguridad se contradice con el hecho de ambos insisten en que hay que contar la verdad a los españoles. Vienen a sugerir que las cosas son más dramáticas de lo que Zapatero ha contado.

El caso es que la creencia de que en realidad esta crisis es una invención tiene bastante arraigo en diversas capas de la población. Colaboradores de Rubalcaba, por ejemplo, han advertido en los llamados focus group (técnica de recolección cualitativa de opiniones) que la gente prefiere al PP en el Gobierno no por Rajoy sino porque cree que la derecha llevará a que los empresarios saquen el dinero y se animen a invertir. Es lo que Esperanza Aguirre llama un Gobierno business friendly. Es decir, amigo de los empresarios.

La verdad es que el Gobierno de Zapatero ha sido desde su primera legislatura amigo de empresarios y banqueros. El problema principal, pues, no está aquí sino en las raíces de la crisis económica y financiera española, europea y mundial.

Según el McKinsey Global Institute, la deuda de familias, empresas y bancos, que ha sido uno de los desencadenantes más importantes de la crisis, solo está reduciéndose muy lentamente en lo tres grandes casos ejemplares: EEUU, Reino Unido y España.

En EEUU, el sistema jurídico está permitiendo con la sola dación de las viviendas liquidar las hipotecas y, por esta vía, la deuda de las familias. En el Reino Unido, la elevada inflación erosiona el valor del endeudamiento. En España, esa reducción apenas ha comenzado y se complementa con una elevada tasa de ahorro. Hasta que el llamado "desapalancamiento" no ocurra de manera sistemática, la economía difícilmente pueda levantar cabeza. Según McKinsey, serán largos años.