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24 julio, 2011

MASACRE EN OSLO, ¿ES AZNARISTA EL TAL ANDERS BEHRING?

El autor del doble ataque de Noruega acusa a Zapatero de rendirse a los musulmanes
Anders Behring critica en su manifiesto la designación de Chacón como ministra de defensa por ser "una mujer embarazada" y considera que el PP es un partido "demasiado blando"

PÚBLICO Madrid 24/07/2011 18:48 Actualizado: 24/07/2011 19:06

La policía noruega confirmó ayer que el beligerante texto propagandístico contra el islamismo difundido antes de la matanza fue escrito por Anders Behring Breivik, aunque el diario local VG ha revelado que algunas partes fueron copiadas del manifiesto de Unabomber, un anarquista condenado a prisión por enviar durante casi dos décadas paquetes y cartas-bomba a diversos destinatarios en Estados Unidos, como profesores de universidad y líneas aéreas.

El propio Breivik había reconocido la "ayuda de hermanos y hermanas" de Inglaterra, Francia, Alemania o España, entre otros países, en la elaboración del libro, que resultaría un pastiche de ideas propias y escritos ajenos. La televisión pública NRK va más allá y atribuye buena parte del manifiesto a Unabomber, aunque el terrorista noruego cambió los términos "izquierdismo" por "multiculturalismo" y "comunismo cultural", como sucede en este párrafo supuestamente plagiado.

"Cuando hablamos de marxistas culturales tenemos en mente principalmente a individuos que apoyan el multiculturalismo, socialistas, colectivistas, gente políticamente correcta, feministas, activistas gays, defensores de los derechos de los animales, ecologistas, etcétera", escribe Breivik, que en las 1.500 páginas de su Declaración Europea de Independencia 2083-A se refiere en varias ocasiones a España.
Ataques a Zapatero

"El primer ministro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó al poder por los atentados yihadistas de Madrid de marzo de 2004, el mayor ataque de la historia moderna de España en tiempo de paz", escribe Breivik. "Desde entonces, ha estado entregando cada día el país a los musulmanes y a la inmigración masiva".

El ultraderechista noruego también censura la política de Igualdad del Ejecutivo de Zapatero ("la igualdad sexual es mucho más eficaz contra el terrorismo que la fuerza militar"), así como la la designación de Carme Chacón como titular de la cartera de Defensa. "Nombró a una mujer embarazada como ministra de Defensa en abril de 2008, lo que supone una burla a sus fuerzas armadas y una señal para todo el mundo de que su país no tiene intenciones de defenderse".

Crítico con la "colonización islámica y la islamización de la Europa Occidental", menciona constantemente el concepto Eurabia y cita a pie de página fuentes y enlaces a las páginas web que ha consultado. Entre ellas, artículos que hablan de España como una futura provincia mulsulmana y sostienen que no se trata de un bulo de la ultraderecha para sembrar el pánico. "Mientras, Al-Zawahiri y sus secuaces afilan sus sables", apunta en relación al jefe de Al Qaeda.
El PP, "demasiado blando"

La oposición española también aparece mencionada. Concretamente, Gustavo de Arístegui , el portavoz de Asuntos Exteriores del PP, un partido que Breivik considera "demasiado blando".

El confeso autor de los crímenes cita su libro La yihad en España: la obsesión por reconquistar Al Andalus, del que extrae el siguiente dato. "En los colegios del mundo musulmán, los mapas que se usan tiñen a España y Portugal de color verde porque están aún considerados parte Dar al-Islam, es decir, la casa del islam".

Otras fuentes a las que recurrió Breivik -que aseguró a su abogado que los atentados eran "atroces", pero "necesarios"- para la redacción de su escrito propagandístico fueron la web La yihad en Eurabia, alojada en su día en la conservadora Red Liberal, que mantiene un especial titulado Stop yihad. Además de estos temas, el islamófobo noruego reflexiona sobre el uso de la violencia y describe cómo planeó el atentado, fabricó el explosivo y colocó la bomba en el centro de Oslo..

LA GRAN RECESIÓN Y EL SALARIO MÍNIMO

La Gran Recesión y el salario mínimo

24 Julio 2011 |

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC.

El mayor problema que existe hoy en la economía mundial es la insuficiente demanda de bienes y servicios que estimulen el crecimiento económico y la producción de empleo. Ello queda claro en los países capitalistas desarrollados, en los que la Gran Recesión parece eternizarse, y ello debido, en parte, a las políticas de recortes de gasto público, incluido el gasto público social, que está deprimiendo todavía más la demanda doméstica y, con ello, retrasando la recuperación económica. En realidad, en algunos de estos países, como en los países de la periferia de la Eurozona (España, Grecia, Portugal e Irlanda), tales políticas de recortes de gasto público y reducción de los salarios están causando un retroceso y un descenso de su riqueza, con estancamiento, o incluso reducción, de su PIB.

Pero la escasez de la demanda doméstica es también un problema grave en los países emergentes, tal como prueba su dependencia de sus exportaciones como manera de salir de la crisis y conseguir su recuperación económica. Sus economías orientadas a las exportaciones son un indicador claro de que no tienen una demanda doméstica que pueda convertirse en el motor de sus economías. Y ahí está el problema.

¿Cuál podría ser la solución al problema de la insuficiente demanda de bienes y servicios hoy en el mundo? Una solución propuesta por Thomas I. Palley, economista que goza de gran credibilidad en los círculos progresistas de EEUU (tales como sindicatos y movimientos sociales), así como organismos internacionales (como la Organización Internacional del Trabajo, OIT), es establecer el salario mínimo a nivel internacional global. La experiencia acumulada con el salario mínimo en los países que lo han instituido, es que afecta positivamente al nivel salarial de la mayoría de los trabajadores, y no sólo de los que reciben salarios bajos. Así, en EEUU, el salario mínimo tiene un impacto inmediato en aumentar los salarios de las dos decilas inferiores de los salarios, y (aunque en menor medida) de las otras dos decilas por encima de las dos decilas salariales más bajas.

Tal salario mínimo no debería ser, naturalmente, una cantidad fija para todos los países. Sería una cantidad definida por su distancia a la mediana salarial de cada país. No se permitiría ningún salario por debajo del 60% de la mediana salarial (la mediana salarial es la que tiene la mitad de los salarios por encima y la otra mitad por debajo) en aquel país o en aquella región. Naturalmente que los países podrían modificarlo para incrementarlo si así lo deseara. Pero no se le permitiría bajarlo.

Una consecuencia de tal medida sería el aumento de la productividad. De nuevo, es ampliamente conocido que una economía de bajos salarios determina una economía de baja productividad. El empresario no invertirá en el puesto de trabajo, aumentando su productividad, si tiene abundante mano de obra a su disposición. Si tiene que pagar salarios altos, tendrá que invertir más en estos puestos de trabajo de manera que la productividad aumente. No es, como constantemente se acentúa, que la economía de escasa productividad determine bajos salarios. Es precisamente al revés; los bajos salarios determinan una economía de baja productividad. De ahí que una manera de estimular el incremento de la productividad sea el aumento de los salarios a base de generalizar la aplicación del salario mínimo a nivel mundial.

Esta propuesta es de especial interés y su aplicación tiene gran relevancia para los países de la Unión Europea y de la Eurozona que están en medio de una Gran Recesión, debido a un déficit de demanda, resultado, en parte, de la disminución de la capacidad adquisitiva de la población trabajadora, al haber disminuido las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas nacionales. Sería importante que las fuerzas progresistas en la Unión Europea (tanto sindicatos europeos, como partidos y movimiento sociales) hicieran suya tal propuesta.

Una última observación. Una observación que aparece frecuentemente en los medios de mayor difusión del país es que las izquierdas carecen de ideas sobre como salir de la crisis. Esta observación se repite constantemente y deliberadamente para marginar y discriminar a las izquierdas. Es cierto que la mayoría de las izquierdas gobernantes han abandonado el ideario progresista, adaptándose rápidamente al pensamiento neoliberal. Pero aquella observación es injusta cuando se incluye a las izquierdas a la izquierda de las gobernantes, pues existe un amplio abanico de propuestas alternativas a las que se están aplicando por los gobiernos, alternativas que son razonables, factibles y populares. El hecho de que no tengan mucha visibilidad mediática no quiere decir que no existan (como se repite machaconamente en un intento de descrédito y marginación), sino que no se publican, comentan o debaten en los mayores medios. Aconsejo a los que realizan tales observaciones que lean, además de los medios de difusión y persuasión dominantes, la prensa de medios alternativos, incluidas las publicaciones en la red, que muestran mayor creatividad y vivacidad que la mayoría de medios de mayor difusión, que se limitan, en su mayor parte, a la reproducción de la sabiduría convencional.

EL PARLAMENTO, CONTRA LOS CIUDADANOS

El Parlamento, contra los ciudadanos

Domingo, 24 julio 2011

Las instituciones y la calle no están tan lejos entre sí como parece. Incluso instituciones no representativas como el Tribunal Constitucional (TC) pueden aliarse con el movimiento de los indignados en sus demandas de transparencia a los políticos elegidos por los ciudadanos. Esta unión se manifiesta de manera muy oportuna en una resolución del TC que, afeando la conducta de la Mesa de las Cortes de Aragón, ha garantizado a un grupo de ciudadanos el ejercicio de su derecho de petición (artículo 29 de la Constitución).

En el año 2009 la Asociación para la defensa de la función pública aragonesa había mostrado su malestar con las irregularidades de la actividad política en la comunidad, intentando corregirlas con dos iniciativas complementarias. Por un lado, solicitó la creación de una comisión parlamentaria especial de estudio sobre los criterios de conducta pública aplicables a todas las instituciones aragonesas. Por otro, mediante una solicitud similar aunque más específica, instó de las Cortes de Aragón la constitución de una comisión parlamentaria de investigación para esclarecer el estado y funcionamiento de los gabinetes de los miembros del Gobierno autonómico.

El esfuerzo de la Asociación para la defensa de la función pública aragonesa fue en vano. Sus dos iniciativas de restablecer la ética pública y con ella la confianza de los ciudadanos en el comportamiento de las instituciones políticas de la región se estrellaron contra la Mesa de las Cortes. Ésta, sin más preámbulos, archivó ambas solicitudes por falta de legitimación de los peticionarios. Según el dictamen de la Mesa (refrendado luego por la Letrada de las Cortes de Aragón), la asociación ciudadana promotora de las reformas se entrometía en el núcleo de la función parlamentaria, en el ius in officium reservado a los diputados aragoneses, los únicos competentes para, digámoslo así, “regenerar” (desde dentro, claro) la actividad política de la comunidad y librarla de sus posibles defectos. “Zapatero, a tus zapatos”, es lo que vinieron a decirles los representantes electos a sus votantes. Como en el juego chino del go, los diputados son los dueños de la matriz de control. Los miembros del pueblo sólo ocupan las posiciones secundarias del juego, están sometidos al poder de lo discrecional y graciable.

El TC, sin embargo, ha puesto las cosas en su sitio. La participación política de los ciudadanos no se limita a votar en las elecciones el año que toque. Los ciudadanos también tenemos derecho a quejarnos, a que nuestras peticiones sean al menos escuchadas por los representantes de la voluntad popular reunidos en un pleno parlamentario o en una comisión específica. El derecho constitucional de petición –muy poco ejercido, esa es la verdad- coadyuva a que los políticos profesionales, si realmente quieren, conozcan las preocupaciones de la sociedad a la que representan. De primera mano, de forma directa y sin el cortafuegos de las Mesas de las instituciones parlamentarias. Las Mesas no tienen otra función que la jurídico-técnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para garantizar precisamente que sean un foro real de los debates que interesan a los ciudadanos. Aunque hoy no cumplen bien esa función y son la correa de transmisión en el Parlamento del poder de los partidos mayoritarios. El locuaz José Bono lo acaba de expresar divinamente a propósito de la indumentaria masculina. El consuegro de Raphael y última adquisición de la estirpe de Romanones nos tiene cogidos por el nudo de la corbata para que todos –damas y caballeros- seamos respetuosos con el Emperador del Japón.

UNA DE GESTORES QUE QUEDARAN IMPUNES



¿Quiénes formaban los Consejos de Administración de Cajasur, CCM y la CAM?

Remo
24 de julio de 2011 | 13:31

Coincidiendo con las intervenciones que ha realizado el Banco de España en las entidades financieras de Cajasur, CCM y CAM, es interesante ver quién componía el Consejo de Administración en cada una de estas cajas de ahorros. Recordemos que las cajas de ahorros se rigen por unos estatutos y depositan la máxima capacidad en la Asamblea General, pero quién realmente toma las decisiones en estas entidades son los Consejos de Administración.

Tal y como podemos apreciar en el cuadro superior que acompaña al post, cada caja de ahorros tenía un número diferente de Consejeros, desde los 20 de Cajasur, hasta los 180 que tenía la CAM hasta el viernes. Pero en todos los casos, el control político impera en todas ellas como norma general. El control más manifiesto es el caso de la CAM, con el 50% de sus consejeros distribuidos entre la Generalitat, los ayuntamientos y las diputaciones. CCM, le sigue muy de cerca con el 49,33% y después Cajasur con el 40%. Ojo con esto, porque en todos los casos, se encuentran consejeros de los partidos políticos con más representación en cada autonomía. Por ejemplo, es típico culpar al PSOE de la mala gestión de la CCM o Cajasur y al PP de la mala gestión de la CAM. Error, dado que en los tres consejos de administración se han sentado políticos del PSOE/PP en distinto porcentaje, pero ambos han estado.

El caso de Cajasur es muy particular, dado que los fundadores, el Cabildo Catedralicio de Córdoba y por extensión la Iglesia Católica, controlaba la mayoría del Consejo de Administración con el 30% de los consejeros. Destaca también en todos los casos, la presencia de los impositores de la entidad dentro de los consejos de administración. Desde la última reforma estatal de la Ley de Cajas de Ahorros, se fijó un mínimo del 25% del Consejo de Administración en manos de los impositores.

Cajasur tenía el mínimo legal, pero fijémonos cómo la CAM tenía más del 36% en estas figuras. Estos impositores se escogen a partir de unos saldos medios, en cada caso, unas cuantías y normalmente por sorteo entre estos clientes. Además, en el caso de la CAM, el 13,33% del Consejo estaba en manos de trabajadores de la entidad.

Es decir, para el caso de la CAM por ejemplo, el grueso de trabajadores + impositores tenían el 49,44% del control del Consejo de Administración. No hay que ser un lumbreras para darse cuenta que estos dos colectivos podrían haber tenido mucha fuerza en el Consejo de Administración, contando sólo con un par de apoyos políticos dentro de lo 90 consejeros que se agrupaban en el primer bloque.

Todos estos consejeros que se enumeran en la tabla superior tienen nombre y apellidos. En muchos casos, han sido nombrados por designación directa, como es el caso de los representantes de las administraciones autonómicas, ayuntamientos y diputaciones. La única premisa para seleccionar a estos consejeros, ha sido la pertenencia a partido político, sin pedir siquiera conocimiento del sector financiero, el funcionamiento de una entidad de crédito y la normativa reguladora de las mismas.

En el caso de los impositores, el azar ha realizado el proceso de elección. En el caso de Cajasur, tuve el placer de conocer a un consejero representante de los impositores, hmbre que tenía nula relación con el sistema financiero y que a duras penas era capaz de explicar lo que era la TAE o el FGD.

Por último, cabe pensar que los más cualificados que se podían encontrar dentro de los consejos de administración, eran los propios representantes de los trabajadores, tanto en formación como en conocimiento. Pero es obvio, que estas voces han sonado poco y realmente, están siendo los más perjudicados del maremagnum en las cajas de ahorros. Este colectivo debe tomar nota para el futuro y para su figura en los Consejos de Administración. Eso, suponiendo que quede viva alguna caja de ahorros dentro de nuestro panorama financiero.