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19 junio, 2012

OPINIÓN: LA CULPA ES DE LOS DEMÁS

ARTÍCULOS DE OPINIÓN
La culpa es de los demás
17.06.2012 - J.M. RUIZ SOROA

Puede parecer cínico, pero creo que convendría ponerle un poco de escepticismo a esta marea de indignación ciudadana que inunda estas horas de crisis económica. Porque no parece sino que, de repente, todo el mundo ha descubierto las promesas incumplidas de la democracia, y todo el mundo se ha puesto a clamar contra «el sistema» ejercitando virtuosamente su ciudadanía. Y convendría preguntar: ¿dónde estaba todo este mundo indignado cuando la renta subía, cuando la hipoteca era fácil, cuando nuestra casa crecía sin cesar de valor, cuando la política nos regalaba los oídos con promesas de paraíso? Estaba a lo suyo, como todos sabemos, y la democracia les importaba a muy pocos. Porque, seamos sinceros, a la mayoría no le preocupa la democracia, sino su renta. No le preocupa la libertad, sino la seguridad. Y sospecho que siempre ha sido así. Por eso cuando ahora gritan ¡democracia! lo que en realidad dicen es ¡bienestar!

Ahora bien, este escepticismo ante la nueva ciudadanía se convierte en franca repulsión cuando se refiere a la clase política española y a su comportamiento ante la crisis. Porque no sucede sino que, ¡oh maravilla!, los políticos que han mecido con singular estupidez e ignorancia la génesis de la crisis a lo largo de muchos años, se visten también con los ropajes de la indignación y pretenden convertirse en acusadores públicos de 'los culpables'. Incluso en sus jueces, nada menos.
Para la política española los culpables son siempre los demás: la economía, la falta de valores, Europa, la teutona ésa, el neoliberalismo, el FMI, el gobierno anterior, el gobierno siguiente, los bancos y los banqueros, los ricos, los sindicatos, los inmigrantes, así al infinito. Sólo hay dos inocentes 'a priori' y sin discusión posible: los pobrecitos ciudadanos (¡no van a insultar a sus clientes!) y la política misma (que son ellos), la cual -dicen- crearía un mundo justo y perfecto si la maldita economía, egoísta y codiciosa, le dejase manos libres. Los políticos españoles se ponen así del lado de los ciudadanos, que es el lado seguro, y azuzan los perros de la ira contra los demás. Y, sobre todo, se reclaman a sí mismos: necesitamos más política, dicen. Cumplen con esa ley que dice: la principal función de un político, aquella en la que emplea más tiempo y esfuerzo, es la de convencer a la opinión de que los políticos son imprescindibles.

Pues bien, si hay algo que puede afirmarse con razonable seguridad desde el análisis desapasionado de los últimos años es que, por mucho que la retórica al uso pretenda ocultarlo, el desastre español actual se debe sobre todo a cierta forma degradada de entender y practicar la política. Tal degradación arrancó de una confusión interesada en la que siguen incurriendo todavía hoy nuestros políticos, la de no distinguir entre el campo propio de la contienda democrática (donde los partidos son actores esenciales) y el campo más amplio del sistema institucional que la soporta (que debe mantenerse protegido del partidismo). No todo el sistema político está abierto a la contienda, ni todas las instituciones responden ni deben responder a los criterios democráticos mayoritarios. Al haber olvidado esta simple verdad, los partidos políticos españoles ocuparon y colonizaron incluso las instituciones diseñadas para el control y la dirección experta del sistema, las instituciones que supuestamente deben aportar a la democracia electoral el conocimiento, los frenos y la reflexión que ella misma no genera por sí sola. Trátese del Tribunal Constitucional o del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o del Tribunal de Cuentas, todas las altas burocracias del Estado han sido convertidas en lacayos cortesanos al servicio de una política de mero poder. Y si bien los partidos políticos son actores insubstituibles del sistema democrático, su metástasis sobre la totalidad del sistema público estatal lleva al caos del conjunto, porque le priva de lo que gráficamente han sido denominados 'los giroscopios del Estado' o su 'lastre permanente'. Ese desastre anunciado es el que hemos presenciado indiferentes en los últimos años: la colonización partidista de las instituciones de control y reflexión convirtió al sistema político completo en un gigante zombie que se movía inestable sin más criterio que el atroz sectarismo de los partidos. Por ejemplo, la utilización perversa de unas instituciones delicadas como las Cajas de Ahorro por parte de los partidos no fue corregida por los supervisores porque, sencillamente, éstos eran los 'amigos' políticos puestos allí para complacer a unos políticos ávidos de éxito. Y así, toda la burocracia pública ha visto pervertidos su 'ethos' propio de fidelidad estricta a las normas y los procedimientos por los políticos, esos mismos que ahora quieren juzgar y condenar a sus 'amigos'.

Escuchar a esos mismos políticos sus impostadas declamaciones en defensa de la política como sistema de regulación de superior valor a la economía es un insulto añadido a la inteligencia del ciudadano. Baste, al respecto, constatar que la única parte de la economía española que se ha salvado del desastre es precisamente aquella que los políticos no controlaban o no podían manipular. El mapa de los daños sufridos revela un perfil constante: a más proximidad a la política, más daño ha sufrido la gestión económica.

Por eso, la política española precisa, ante todo y sobre todo, de una poda severa de sus funciones, precisa de un recorte que la reconduzca al ámbito que nunca debió abandonar. Lo malo es que eso es tanto como pedir que se reconduzca a los partidos políticos a sus límites y, ¿cómo podría llevarse a cabo tal cosa cuando son esos partidos los que controlan la agenda y la decisión públicas? Los partidos son el problema, pero son también el cauce de cualquier solución. Diabólico. A no ser que algún poder lejano diseñe y aplique una 'intervención' de España que consista en quitar las riendas a los solipsistas políticos que padecemos y darles unos cursos forzosos de buena praxis política, la salida de la crisis no habrá enseñado nada a nuestros autistas. Porque sólo aprenden los sistemas que son castigados por sus errores, y éstos ya han buscado culpables: todos los demás.

LA JUSTICIA, EN ESPAÑA ¿A DONDE VAMOS?

El gobierno de los jueces: politización y transparencia.

María Tardón. Jueza, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid que trata de asuntos relacionados con la violencia de género.

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2012/06/19/el-gobierno-de-los-jueces-politizacion-y.html


La Constitución de 1978, al diseñar la estructura institucional del Estado, puso un especial empeño en garantizar la independencia del Poder Judicial, integrado por cada uno de los jueces y magistrados que en España administran Justicia cada día, sometidos, únicamente, al imperio de la Ley.

Y, para evitar posibles injerencias del Ejecutivo en todas aquéllas cuestiones que puedan afectar a esa independencia, creó un órgano específico para su gobierno: el Consejo General del Poder Judicial.

También dispuso que estaría integrado por 20 vocales, 12 de ellos, elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías, y ocho entre juristas de reconocida competencia, designados a propuesta del Congreso y del Senado.

Con estas previsiones, se conformó el primer Consejo, en el año 1980. Y los 12 vocales de procedencia judicial se eligieron por sufragio directo de los miembros de la Carrera Judicial. A nadie se le ocurrió cuestionar, entonces, que ese era el sentido de la previsión constitucional.

Pero sus decisiones comenzaron a resultar tan incómodas al recién estrenado Gobierno de Felipe González, que quienes entonces tenían una amplia mayoría en el Parlamento, decidieron cambiar el sistema de nombramiento. Y, a partir de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, los Vocales del Consejo han sido designados, directamente, por el Congreso y el Senado, en su totalidad.

El propio Tribunal Constitucional, en una polémica sentencia de julio de 1986, ya alertó de los riesgos que podría conllevar el trasladar al órgano de gobierno de los jueces las dinámicas de decisión propiamente parlamentarias. Lo que no impidió que los distintos partidos políticos, desde entonces, hayan desplegado, en cada nueva designación, el mismo ejercicio de encarnizadas negociaciones. Reclamando su 'derecho' a nombrar el número de vocales que les correspondía, en función de cual fuere la extensión numérica, también, de su representación parlamentaria.

Y, a partir de ese momento, han dejado de importar, públicamente, el mérito o la trayectoria profesional de los jueces y magistrados en nuestro país. Incluso, o, especialmente, de los que acceden a las más altas magistraturas del Estado. Porque la única mención trascendente que suele acompañar a su nombre, cuando es noticia, por la razón que sea, es la de su pertenencia al sector conservador o al progresista.

No importa que estemos ante una cuestión compleja, sobre la que puedan, razonablemente, existir interpretaciones diversas. Ni las razones jurídicas que se esgriman. En cada decisión de un juez, que tenga alguna relevancia para la vida pública, lo que se va a destacar, siempre, por encima de cualquier otra cosa, es si se le considera adscrito a uno u otro sector.

Y es que la imagen de politización del Consejo General del Poder Judicial, con unos Vocales designados conforme a la proporción parlamentaria de los partidos políticos que les proponen termina proyectándose sobre todos los miembros de la Carrera Judicial. Como les acaban afectando los conflictos en que, cada cierto tiempo, su órgano de gobierno se ve inmerso. Algo completamente injusto. Los, aproximadamente, 5.000 jueces que se afanan, cada día, en impartir justicia, bien poco tienen que ver con las posibles luchas de poder que en el Consejo se pueden dar.

Pugnas, en buena parte, por decidir los nombramientos para cargos discrecionales, con la indeseable consecuencia, además, de que los así designados van a resultar, también, automáticamente "etiquetados".

En el momento actual, no sé muy bien cuáles son las razones por las que hemos llegado en el CGPJ a una situación que todos, incluido su ahora cuestionado presidente, califican de insostenible. Ni si el próximo jueves él anunciará o no su dimisión. Porque, salvo un pequeño parche que facilitó una mínima participación de los jueces en el proceso, la designación de los vocales obedeció a la misma dinámica parlamentaria de correlación de fuerzas políticas que en ocasiones anteriores. Y su presidente fue, una vez más, consensuado por los líderes de los dos grandes partidos nacionales. Incluso el presidente Zapatero anunció quien iba a ser el elegido, antes de que los Vocales se sentaran a proceder a su votación.

Han transcurrido, prácticamente, tres años y medio desde entonces, sin que, no sólo no haya trascendido que en este Consejo se produjeran graves enfrentamientos sino que, por el contrario, parecían haberse reconducido las discrepancias por cauces de resolución racionales y de consenso. Tiempo suficiente, además, como para haber reparado en que el sistema de justificación de los gastos no era el más adecuado con los criterios de transparencia y austeridad que exigen las circunstancias. O en las posibles ausencias anormales de alguno de sus miembros.

Y haber puesto, entonces, el necesario y justo remedio, sin haber tenido que llegar, de repente, a esta especie de estallido de enfrentamientos, denuncias penales, incluso. Que, aunque se hayan desestimado, por la Fiscalía, primero, y por el Tribunal Supremo, después, han dejado una inexorable estela de descrédito, no sólo en el denunciado, sino en la propia institución.

No sé si es algo que preocupará suficientemente a sus más activos protagonistas. Pero que no les quepa duda de que para acabar con esa imagen de deterioro institucional hará falta algo más que la dimisión de su presidente.

OPINIÓN: LA CORRUPCIÓN ESPAÑOLA NO ES UN ACCIDENTE SINO UNA CONSPIRACIÓN

La corrupción española no es un accidente sino una conspiración
18.06.12 | 11:33.
Francisco Rubiales. periodistadigital.com

La corrupción en España no es un accidente, sino una forma perversa de entender la política y el poder. Es espeluznante ver al presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, defender a uno de sus consejeros que ha sido encarcelado por estar implicado en gravísimas chorizadas, corrupciones y abusos de poder o a Carlos Divar aferrado a su sillón, sin dimitir a pesar de las evidencias de abuso. España cada día es menos un país democrático y se exhibe ante el mundo, sin pudor, como un conjunto de tribus corrompidas y, a veces, delictivas.

En España se ha producido una llegada masiva de delincuentes al poder político. Esa es la verdadera base de la corrupción que nos invade. Pero lo original y genuino del caso español, lo que nos diferencia de otros estados mundiales corruptos, es que la corrupción española no parece un accidente o la consecuencia de una serie de casualidades, sino una conspiración para saquear el Estado, cuidadosamente ideada y desplegada desde las mismas entrañas del poder.

Los partidos políticos, principales focos de la corrupción en España, protegen a muchos de sus corruptos presentándolos en las listas electorales para que sean diputados y senadores, oforándoles y dotándoles de un nada despreciable blindaje ante la justicia ordinaria. Se trata de un comportamiento claramente mafioso que demuestra que las instituciones están actuando como protectoras de delincuentes.

Si se pudiera practicar un scaner veraz sobre el Congreso y el Senado, los españoles descubrirían aterrorizados que en esos templos de la palabra y del poder político numerosos sillones están ocupados por personajes protegidos por sus propios partidos, con sus conciencias manchadas, que podrían ser acusados de maltrato, acoso sexual, apropiación indebida, cohecho, malversación, amigusmo, nepotismo, abuso de poder, conducción temeraria, falsedad de documentos públicos u otros muchos delitos y faltas, algunos tipificados y otros no.

Ese comportamiento ha hecho posible que personajes como el andaluz Manuel Cahves, con la ayuda de su partido, el PSOE, cubra con un manto protector a toda su familia, colocándolos en cargos públicos y permitiéndo a sus miembros hacer negocios ventajosos con impunidad, como lo demuestran las diversas pruebas y denuncias, la última de las cuales la de un jefe de policía que fue destituido por investigar las actividades presuntamente delictivas de Ivan Chaves, hijo del expresidente andaluz.

El saqueo de España se ha realizado, con impunidad, de manera sistemática y planificada, desde el corazón del poder político. La mayoría de las cajas de ahorros han sido desvalijadas y en algunas de ellas, como la CAM, la de Castilla la Mancha y BANKIA, han desaparecido varios miles de millones de euros sin que nadie haya pagado por esos delitos y sin que las instituciones del Estado hayan realizado grandes esfuerzos por recuperar el dinero sustraido.

El saqueo de España tiene mil vertientes, algunas todavía desconocidas por la prensa y el gran público. Se han concedido subvenciones a empresas que no lo merecían, sólo porque en ellas trabajaban familiares o amigos del poder; se han cobrado comisiones sistemáticas por licencias, concesiones y contratos públicos; se han urbanizado terrenos protegidos para cobrar comisión; los recaudadores de los partidos políticos han extorsionado sin obstáculo; se han trucado concursos públicos,; se han falseado oposiciones; se han filtrado las preguntas de oposiciones a los amigos del poder; se ha marginado a empresarios por pensar diferente o por ser honrados, cerrándoles mafiosamente el paso para que reciban subvenciones y ganen concursos públicos; hay miles de políticos incapaces de explicar su patrimonio, sin que ni siquiera hayan sido investigados...

La corrupción, en España, no ha sido, como en otros países, un virus que ha ido extendiendose hasta contaminar al poder, sino una estrategia meditada y fria del poder que ha contaminado a la sociedad. La corrupción, en España, no ha sido un accidente, ni una cuestión de mala suerte, sino el comportamiento lógico y premeditado de la presencia masiva de delincuentes en las instituciones y en el corazón del Estado.

Los grandes partidos españoles han acumulado delitos suficientes para que, si existiera una Justicia independiente y limpia, hubieran sido ya juzgados como asociaciones de malhechores. Sin embargo, siguen dominando la escena, convertidos en las instituciones más poderosas de la nación, exhibiendo una obscena impunidad, con muchos de sus corruptos convertidos en altos cargos en las distintas administraciones y algunos de ellos, tal vez los que más secretos sucios conocen, convertidos en diputados y senadores para disfrutar del aforamiento.

Muchos españoles, ilusos, votaron a Rajoy en las últimas elecciones creyendo que el Partido Popular iba a plantar cara a la corrupción y limpiar el país de delincuentes políticos, pero no ha sido así y eso ha causado una inmensa frustración entre los votantes más demócratas y mejor informados, indignados de que el gobierno de Rajoy también participe del obsceno festín y que, ante los abusos cometidos por los socialistas y por muchos de sus miembros, haya decidido cerrar los ojos y pasar página, ignorando que un país que no castiga a sus criminales es un estercolero envenenado capaz sólo de sembrar retroceso y destrucción.

La regeneración en España pasa por acabar con la impunidad de los corruptos políticos y por limpiar las instituciones, llenando las cárceles de delincuentes con carnet de partido. Si no se hace, no hay futuro digno y el país, mande quien mande, seguirá siendo una pocilga incapaz de salir de una crisis que, como acaba de descubrir Europa, va mucho más allá de lo económico y se adentra en el alma podrida de la nación.