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02 septiembre, 2013

OPINIÓN: EL PP ES UNA EMPRESA, ROSA Mª ARTAL


El PP es una empresa

Rosa María Artal 

30/08/2013


 Borrar los ordenadores de Bárcenas  fue  “una decisión empresarial”. Así lo ha explicado Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta ¿del Consejo de Administración del PP? Solo las empresas toman “decisiones… empresariales”. El objetivo de las empresas es siempre el beneficio económico para sus gestores y accionistas. No cabe la actividad “sin ánimo de lucro”, reservada a cierto tipo de asociaciones. El PP es una empresa y no precisamente una pyme.

  De esta forma, Soraya Sáenz de Santamaría confirma lo que ya muchos sospechábamos. El subconsciente que traiciona cuando se trata de explicar lo inexplicable. El afán privatizador que se cuela hasta en la concepción del PP de lo que es un partido político, un país y una sociedad, todo susceptible de proporcionar réditos. Lo curioso es que esta organización, el PP, está subvencionada con dinero público en un 90%.

  Los requisitos exigidos para ser empresa o partido político difieren. En la primera, deben escriturar ante notario el nombre de los socios, el objeto social, es decir, la actividad a desarrollar, el capital suscrito –que varía en función del tipo de empresa-, los estatutos, la forma de elección y renovación de cargos. En fin, un cúmulo de requerimientos que terminan por hacer más difícil crear una empresa en España que en Zambia, según el Banco Mundial.

  Todo esto no nos lo ha dado a conocer el PP que ha camuflado su actividad empresarial en forma de partido político. De ahí que precise inversiones y reparto de beneficios, también camuflados y simulados, al contado y en diferido. Particularmente empresas que financian la organización, al margen de los votantes que participan con sus impuestos y sin cobrar dividendos. Labor que, al parecer, realizaba Luis Bárcenas a plena satisfacción, hasta que advirtió irregularidades la justicia.  No es lo mismo ser una empresa con ánimo de lucro que un partido político que debe gobernar por el bien común y eso llama la atención de algunos jueces. 

  Saber oficialmente que el PP es una empresa lo cambia todo. Los votantes no son accionistas que toman decisiones y participan de los beneficios, son peones engañados en los fines que persigue la entidad. Peones que pagan y no cobran, sin remunerar y a quien esquilmar. Resulta asombroso que lo soporten, porque malos son los resultados de la reforma laboral pero no ver un euro de las ganancias, sufrir recortes y repagos, y callarse ni en la China o la España medieval. O sí, igual ahí y entonces, sí. O esa decisión de  vender la cuarta parte del patrimonio español. No puede obedecer sino a que saben que en el fondo el capital con el que operan no es suyo, a un afán de enriquecimiento desmesurado o tapar los agujeros de una nefasta gestión. Porque una arriesgada táctica empresarial, sin más, no será ¿verdad?

  Tiene una explicación sin duda. En el entramado organizativo, destaca el departamento de marketing con estrategias realmente sutiles y una amplísima plantilla, también en sus versiones oficial y simulada. Profesionales de perfil muy preciso, dedicados a vender las bondades del producto camuflado y simulado: el bienestar social, salir de la crisis, que – de serlo- choca frontalmente con la realidad de la cuenta de resultados para los ciudadanos, cada día más empobrecidos y privatizados. Sabiendo ya que la finalidad de esta empresa, como de todas, es el lucro de sus dueños, la percepción cambia. Ahí, hasta en cuestión de “complementos” oficiales del salario, la cosa ha ido francamente bien para los socios. Y encaja perfectamente que los sobresueldos de todo tipo fueran en realidad bonus por alcanzar objetivos. Con enorme perspicacia, los directores de marketing eligen agentes comerciales capaces de una doble tarea: convencer a ese tipo de contribuyentes altruistas de la empresa que siempre se tienen por pura fidelidad y provocar arcadas o carcajadas en el resto. Distraídos, no actúan. Doble eficacia.

 Tras la declaración de Sáenz de Santamaría, cabe esperar ahora que la justicia pida al PP los requisitos que se exige a toda empresa. O que la ciudadanía espabile de una santa vez y se entere: el fin del PP es el lucro de sus accionistas, dado que son una empresa que adopta “decisiones… empresariales”. 

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