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28 marzo, 2015

LA ONU URGE A ESPAÑA A RETIRAR LA "LEY MORDAZA" Y LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL


La ONU urge a España a retirar la 'ley mordaza' y la reforma del código penal

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La ONU está preocupada por lo que está haciendo España con los derechos humanos. Un grupo de relatores de Naciones Unidas han pedido a España que desista en los proyectos de Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", y dereforma del Código Penal porque "amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos" y "socavan los derechos de manifestación y expresión" en el país.
La advertencia ha sido lanzada por cinco relatores miembros de los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para el seguimiento de casos en países concretos o temáticas puntuales a nivel global.
"Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales", señalan en relación a la reforma del Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana tanto en lo relativo a delitos de terrorismo como a desórdenes públicos.
Según explican, "los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática". "Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España", plantean.
Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite en el Senado, destacan que la reforma que introduce en la Ley de Extranjería "podría permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos".
'LIMITA MARCADAMENTE EL DERECHO DE REUNIÓN'
El relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Maina Kiai, denuncia que en su redactado actual, el proyecto "vulnera la propia esencia del derecho de reunión pacífica, pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para su ejercicio", limitándolo "marcadamente".
"Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España", añade el relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.
En cuanto al Código Penal, afirman que "el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades" y citan como ejemplo que se trate como "circunstancia agravante el hecho que una serie de delitos pudieran ser cometidos en el contexto de una 'reunión numerosa'".
"Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de 'circunstancias agravantes' para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica", recalca Maina Kiai.
'PUEDE CRIMINALIZAR LA MANIFESTACIÓN PACÍFICA'
Además, indican que el proyecto propone castigar con prisión o multa quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, lo que a juicio de Kayem "conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas".
En cuanto a la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de "incitación y enaltecimiento" o "'justificación' del terrorismo", los expertos consideran que "son excesivamente amplias e imprecisas".
"Tal como está redactado, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión. El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet", denuncia Kayne.
En el informe han participado además de Kayne y Kiani, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson; y el Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Michel Forst. Cuentan además con el respaldo del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, según informa el Alto Comisionado.

25 marzo, 2015

EL PLAN DIRECTOR DE LA RED NATURA CATALOGA 31 ESPACIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LEÓN

NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE

El plan director de la Red Natura cataloga 31 espacios de protección especial en León

Picos de Europa es el mayor espacio protegido de la comunidad, con 101.000 hectáreas

  • Red Natura 2000 en León - DL
    Red Natura 2000 en León - DL
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M. RABANILLO | LEÓN 24/03/2015
León cuenta con 17 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y con 14 Zonas de Especial Protección para las Aves (Zepas), integradas en la Red Natura 2000, el sistema de protección más importante de la Unión Europea. Así lo recoge el Plan Director para la Implantación y Gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León, aprobado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y que sentará las bases para la protección de los hábitats naturales y la flora y fauna silvestre. Las LIC y Zepa designadas han de ser declaradas Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
Según la Directiva Hábitats, la red «debe garantizar el mantenimiento o el restablecimiento en un estado de conservación favorable de las especies y de los hábitats naturales de interés comunitario, así como de los hábitats de las especies en su área de distribución natural». Son los estados los que deben fijar las medidas de conservación necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de las especies y los hábitats naturales, «tomando también en consideración las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales de la población».
Castilla y León es la segunda comunidad autónoma de España con mayor superficie incluida en la red y una de las regiones con más superficie Red Natura 2000 de la Unión Europea. Según figura en el Plan Director, en sus territorios protegidos figuran setenta y cuatro especies prioritarias de aves (sin contar las ciento cuarenta y seis especies de aves migradoras de presencia regular), sesenta y siete hábitats y ciento diecinueve especies de interés comunitario que, en conjunto, suponen un total de doscientos sesenta valores Red Natura 2000 protegidos.
En León, gran parte de las áreas Zepa y LIC están superpuestas, es decir, son territorios que cuentan con la doble designación. En concreto, se trata de Picos de Europa (el parque regional y el nacional), el Alto Sil, la sierra de los Ancares y el valle de San Emiliano. De los espacios recogidos en el Plan Director, el parque regional de Picos de Europa es el territorio protegido más amplio de la comunidad, con 101.000 hectáreas, y la extensión media de estas zonas se sitúa en las 23.400 hectáreas en el caso de los LIC, y de 28.400 para las Zepa.
El Plan Director se enmarca en la necesidad de desarrollar nuevas herramientas de planificación y gestión, «más eficaces tanto desde el punto de vista de la conservación de los valores de la red como de la participación pública, pues la implicación ciudadana es imprescindible para la conservación del patrimonio natural» Así, la Junta propone una estructura de planificación «en cascada», lo que permitirá que se desarrollen diferentes instrumentos de planificación que abarcarán distintos enfoques y escalas. El Plan Director aprobado se sitúa en el primer nivel, así como los planes básicos que permitirán la declaración de las ZEC. Con ellos se posibilitará una «gestión básica» para la conservación de los territorios protegidos.
En el segundo nivel, que permite el desarrollo de diferentes instrumentos de planificación operativa entre los que destacan los planes de gestión, que se encuentran pendientes de aprobación, «así como otros instrumentos de carácter transversal más adaptados a la realidad de la región y a la organización territorial y funcional de la administración regional».
El plan recoge directrices para una gestión activa y una gestión preventiva, esta última destinada a evitar el deterioro de los espacios protegidos. También aborda los aspectos financieros, que recaen en las comunidades autónomas y que apuestan por la cofinanciación europea cuando la concentración de espacios suponga una carga excesiva para el Estado.
El Plan Director también incluye el grado de protección de las especies de flora y fauna presente en estos territorios protegidos, la realización de convenios específicos de investigación y dedica un capítulo a la participación social en la Red Natura 2000 y a la educación ambiental, con el fin de involucrar a la ciudadanía en la protección de la biodiversidad.

24 marzo, 2015

ELECCIONES: UPL DENUNCIA LA "INEPTITUD" DEL PP HACÍA EL PROYECTO DE SAN GLORIO



UPL denuncia la «ineptitud» del PP hacia el proyecto de San Glorio

UPL denunció ayer la «constante ineptitud del Partido Popular que después de 30 años, aún no ha sido capaz de dar algún paso adelante significativo» en relación con la estación de esquí de San Glorio. Ante el revés Judicial del Tribunal Constitucional al proyecto, UPL criticó que a los populares «sólo se les ocurre ahora la ‘brillante’ idea de legalizar vía decreto el proyecto, curiosamente a puertas de unas elecciones municipales y autonómicas».
Para Ildefonso Riaño, secretario comarcal de Cistierna, «la estación de esquí de San Glorio debe avanzar en su proyecto inicial por la provincia de León eliminando los impedimentos legales de la parte de Fuentes Carrionas-Fuente Cobre«. Los leonesistas entienden que el proyecto «supondría la dinamización de la zona permitiendo el asentamiento de la población y la creación de empleo sostenible y su promoción económica y social». Por ello, ponen de ejemplo el Pirineo aragonés, «dónde el deporte de la nieve ya supone cerca del 12% del PIB de la comunidad aragonesa ejerciendo como revulsivo en tiempos de crisis».
«El caso aragonés debería suponer una referencia para el PPy la apuesta pública del Gobierno de Aragón un ejemplo», afirma UPL que señala que «desde los años 80 ha estado dándole vueltas al proyecto de San Glorio» y «da lo mismo que los ediles populares de Boca y de Riaño, salgan a hacer el ‘papelón’» porque, a su juicio, «está clara la voluntad de su partido de no llevar a cabo un proyecto que supondría la revitalización de la zona».

20 marzo, 2015

CASTILLA Y LEÓN SORTEARÁ A LA JUSTICIA PARA APOYAR EL ESQUÍ EN SAN GLORIO

Castilla y León sorteará a la justicia para apoyar el esquí en San Glorio

La Junta anuncia un decreto para encajar las instalaciones en un parque natural

El Constitucional, el Supremo y el Superior han fallado contra el proyecto

Puerto de San Glorio, entre las provincias de Cantabria y León. / ALEX HAVRET


El último revés del Tribunal Constitucional al proyecto de la estación de esquí de San Glorio —previsto en las provincias de Palencia, León y Santander— no parece que vaya a frenar a la Junta de Castilla y León, que desde hace más de una década apoya con cambios legales estas instalaciones. El Tribunal Constitucional, el Supremo y el Superior de Justicia de Castilla y León han fallado en contra del proyecto en varias ocasiones desde 2008.
Pero el Gobierno regional ha sostenido este jueves que prepara ya "un decreto" para sortear el último fallo del Constitucional y encajar la estación de esquí alpino en el parque natural de Fuentes de Carrionas y Fuente Cobre (Palencia). Este espacio protegido forma parte de una de las zonas en las que aún existen poblaciones de oso pardo cantábrico. Se calcula que hay alrededor de tres decenas de ejemplares en el área. La posible afección al parque y la falta de justificación para autorizar instalaciones de este tipo ahí están detrás de los pronunciamientos judiciales que mantienen bloqueada la estación de esquí.

"En el momento en el que aprueben el decreto lo vamos a recurrir, a pedir la suspensión cautelar y el Tribunal Superior de Justicia nos va a dar la razón", ha dicho Juan Carlos Atienza, director de Conservación de SEO/BirdLife. Esta organización es una de las que ha logrado que la justicia paralice el proyecto, que contemplaba la instalación de 55,2 kilómetros de pistas de esquí y que tenía una inversión prevista de unos 100 millones de euros. Javier Escudero, portavoz de la plataforma en defensa de San Glorio, tampoco entiende la posición de la Junta. La única opción plausible que se le ocurre es que el proyecto se ciña solo a la parte leonesa, con lo que no se adentraría en el parque natural de Fuentes de Carrionas y Fuente Cobre. "A la Junta ya no le quedan instancias a las que acudir", añade.Sin embargo, la interpretación que hace el Ejecutivo de Castilla y León, del PP, es que el Constitucional solo ha cuestionado la forma en la que ha intentado encajar el proyecto en la normativa del parque y no el fondo de este asunto. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha afirmado que su Gobierno ya está trabajando en la adaptación del proyecto de San Glorio a través de un decreto en el que se declararán las instalaciones de interés general, informa Europa Press. Una portavoz de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente asegura que este departamento prepara un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque para hacer posible la estación de esquí. El vigente plan de ordenación prohíbe que la Administración autorice instalaciones de este tipo.

Leyes a medida

En diciembre de 2013, el Tribunal Constitucional anuló la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, que la Junta de Castilla y León quiso construir en un terreno protegido con una ley a medida. Los magistrados entendían que al aprobar el proyecto a través de una ley, Castilla y León se saltó el control de los tribunales y los ciudadanos, que no podían recurrir contra el plan urbanístico. En el caso de la estación de San Glorio, la Junta también hizo otra ley ad hoc. El primer fallo de este tipo se remonta a 2012, cuando el Constitucional anuló la construcción de Marina de Cope, en un parque natural en la costa virgen de Murcia. El Ejecutivo de Murcia fue pionero en diseñar leyes a medida de urbanizaciones para evitar el control ordinario de los tribunales.
También han caído en el Constitucional el proyecto de Meseta Ski, una pista artificial de esquí prevista en un terreno forestal incendiado en la provincia de Valladolid, y un vertedero de residuos tóxicos en la misma comunidad.
El proyecto se remonta a 2003. Tres años después, la Junta modificó el PORN para levantar el veto que en ese documento se recogía para las estaciones de esquí. Los ecologistas recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en 2008 esos cambios. Entre otras cosas, los magistrados indicaban que no había justificación alguna —ni medioambiental ni socioeconómica— para levantar el veto a este tipo de infraestructuras.
Este revés no impidió que la Junta volviera a la carga y cambiara, en 2010, la ley por la que fue declarado como parque natural este espacio. La modificación consistió en incluir las estaciones de esquí dentro de la categoría de actividades permitidas dentro del parque. Los ecologistas llevaron también este cambio al Tribunal Superior. Y los magistrados decidieron elevar el caso al Constitucional al entender que la Junta, con esa nueva modificación, estaba sorteando una sentencia judicial firme (fue refrendada por el Supremo). Y el Constitucional ha anulado ahora ese cambio ya que "reproduce casi miméticamente una regulación reglamentaria previamente declarada nula".

BOCA Y RIAÑO DEFIENDEN QUE SAN GLORIO SÍ ES LEGAL EN LA ZONA LEONESA

Boca y Riaño defienden que San Glorio sí es legal en la zona leonesa

Recuerdan que el parque regional de Picos permite construir estaciones de esquí .

  • El proyecto de Tres Provincias abarca terrenos de León, Palencia y Cantabria. - javier
    El proyecto de Tres Provincias abarca terrenos de León, Palencia y Cantabria. - javier
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j.m. campos | cistierna 20/03/2015
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El alcalde de Boca de Huergano, Tomás de la Sierra, municipio donde se pretendía construir la estación de esquí de San Glorio, declaró ayer, ante la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la Ley que permitía la construcción de San Glorio, que «el gran fallo que se ha cometido es meter a Palencia y la zona de Fuentes Carrionas en este proyecto ya que la vertiente leonesa no tiene ninguna protección». En este sentido, explicó que «en el parque regional de Picos de Europa están permitidas las estaciones de esquí y proyectos relacionados con la nieve. El gran fallo fue incluir en este proyecto la zona de Fuentes Carrionas». Para De la Sierra opina que lo tiene que hacer la Junta es retomar este proyecto y ponerlo en marcha en la vertiente leonesa. Aunque considera que debe ser un proyecto «menos monstruoso que el planteado por Tres Provincias. Tiene que ser un proyecto pequeño que vaya creciendo poco a poco en varias etapas y sea sostenible con la zona y la naturaleza».
De la Sierra considera que la vertiente leonesa tiene graves problemas de despoblación. «Primero, por la desaparición de la ganadería, después las trabas del parque regional y la supresión de las ayudas ZIS y ahora San Glorio». El alcalde confirmó que su Ayuntamiento presentó una memoria para construir una zona de ocio de la nieve en el alto de San Glorio, «proyecto paralizado porque la apuesta era el proyecto de Tres Provincias».
Otro tipo de proyecto en el municipio es poner en marcha un humedal en la cola del pantano para el avistamiento de aves. Además de revitalizar la ruta Vadiniense Picos de Europa camino de Santiago.
Por su parte, el alcalde de Riaño, Javier Fernández, lamentó la resolución del Constitucional ya que es una «varapalo importante para una comarca que se va despoblando cada vez». No obstante dado que el proyecto de San Glorio es una apuesta de la Junta de Castilla y León es ésta la que debe implicarse en la apuesta de un nuevo proyecto para la vertiente leonesa. «Si la Junta no hace una apuesta clara y definitiva por esta montaña, la despoblación va a seguir cerrando pueblos», según Fernández. «Hemos mantenido hasta ahora la esperanza en la estación de San Glorio ya que nos decían desde la Junta que iba a ser un proyecto de interés comunitario. Ahora que se ha cerrado esta puerta es la Junta la que debe implicarse en buscar una solución a esta comarca», concluyó

18 marzo, 2015

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VETA LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE SAN GLORIO

El Tribunal Constitucional veta la estación de esquí de San Glorio

Los magistrados anulan los cambios que hizo Castilla y León para amparar el proyecto


Puerto de San Glorio, entre Palencia, León y Cantabria. / EFE

El Tribunal Constitucional ha vetado los cambios que la Junta de Castilla y León hizo de su normativa para dar amparo a la estación de esquí de San Glorio, un polémico proyecto ubicado entre Palencia, León y Cantabria y que, según denuncian los ecologistas, afectaba a una zona que alberga poblaciones de osos pardos. Este proyecto, y la Junta que lo respalda, recibe así un nuevo revés de la justicia, que ha bloqueado los pasos que desde 2006 el Gobierno regional ha dado para que se desarrollara la estación de esquí.
El alto tribunal considera ahora que la modificación que la Junta hizo en 2010 de la declaración del parque natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia) "es inconstitucional y nula".
En mayo, el Constitucional admitió esta cuestión de inconstitucional, presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra esa ley regional de 2010 que cambió la declaración del parque para que se instalará la estación de esquí de San Glorio. Desde entonces, la tramitación del proyecto estaba suspendida hasta que el Constitucional se pronunciara.
El Superior de Castilla y León consideraba que la norma por la que se modificaron del parque  podía ser inconstitucional. Además, los magistrados indicaban que los cambios realizados sobre estos espacios eran prácticamente idénticos a los que ya hizo la Junta de Castilla y León en el plan de ordenación del parque, y que fueron anulados por la justicia ya.
El Constitucional también comparte esta interpretación, y sostiene en su sentencia, notificada este miércoles a las partes, que el cambio introducido en 2010 por la Junta "reproduce casi miméticamente una regulación reglamentaria previamente declarada nula". Los magistrados recuerdan que ya se han pronunciado en otras ocasiones en este sentido al sentenciar que "no tiene cabida en nuestra Constitución aquella ley o el concreto régimen jurídico en ella establecido cuyo efecto sea el de sacrificar, de forma desproporcionada, el pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución judicial firme".
Tres magistrados -el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Pedro González-Trevijano Sánchez y Ricardo Enríquez Sancho- han emitido un voto particular, en el que discrepan de la sentencia. La disconformidad no es por el fondo del fallo, sino por una cuestión procesal. En opinión de estos tres magistrados, el tribunal no debería haber admitido la cuestión de inconstitucionalidad planteada. Sin embargo, el resto del pleno del Constitucional (otros nueve magistrados) sí han apoyado la sentencia, que es un nuevo varapalo a la Junta de Castilla y León.

17 marzo, 2015

POSADA Y OSEJA RECIBIRÁN ESTE AÑO MÁS DE 380.000 EUROS POR LAS AYUDAS ZIS

Posada y Oseja recibirán este año más de 380.000 euros por las ayudas ZIS

También se acometerán la ampliación de la Ruta del Cares y la vía ferrata de Cordiñanes.

  • Un momento de reunión, a la que asistieron los consejeros de las tres comunidades y el director de Parques Nacionales. - ical
    Un momento de reunión, a la que asistieron los consejeros de las tres comunidades y el director de Parques Nacionales. - ical
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m. rabanillo | león 17/03/2015
Los municipios del Parque Nacional de Picos de Europa recibirán este año más de 380.000 euros por las ayudas a las Zonas de Influencia Socioeconómica (ZIS), que se recuperan este ejercicio después de que fueran suprimidas en 2013 y 2014. Así lo anunció el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, quien participó en la Comisión de Gestión del parque nacional celebrada ayer en Oviedo. La partida sufre aún así un sensible recorte ya que las últimas ayudas ZIS consignadas, en el año 2012, supusieron unos ingresos de 880.000 euros para ambos ayuntamientos, concretamente, 330.000 para Oseja de Sajambre y 550.000 para Posada de Valdeón.
El consejero destacó el «fuerte impulso inversor» que está recibiendo la vertiente leonesa, con 9 millones de inversión en los centros de visitantes y con los 800.000 euros que se invertirán este año por parte de la Junta. Esta partida se destinará a conservación, mantenimiento y atención al uso público, así como a las obras de adecuación de la prolongación de la ruta del cares hasta Posada de Valdeon. También se actuará en la mejora de las infraestructuras ganaderas y actuaciones de conservación de especies protegidas como el urogallo y el oso pardo.
Una de las próximas actuaciones será la ejecución de la vía ferrata en Cordiñanes, un «proyecto muy demandando en el valle», según señaló Silván, que añadirá atractivo turístico a la vertiente leonesa, que en el pasado ejercicio experimentó un crecimiento del 17% en el número de visitantes. En la totalidad del parque, la cifra avanzada ayer reflejó un aumento del 19% de turistas. Los responsables políticos aseguraron sentirse «razonablemente satisfechos» por este incremento, después de unos años en los que obtuvo un ligero decrecimiento Concretamente, según los datos aportados por el consejero, más de 150.000 personas accedieron al paraje por la zona leonesa.
La de ayer fue la primera reunión de la Comisión de Gestión desde que Asturias asumiera el pasado 1 de enero la presidencia del parque. A ella asistireron la consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado, María Jesús Álvarez, que presidió la reunión. También acudió, además de Silván, la consejera de Cantabria, Blanca Martínez, el máximo responsable del Parque de Picos de Europa, Rodrigo Suárez, y el director de Parques Nacionales, Basilio Rada. En este ejercicio en el que se presentan retos como la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del territorio protegido.

16 marzo, 2015

EL PODER DE LOS LOBBIES Y LOS LOBOS

Críticas a Soria por ocultar el informe que justificaba el recorte a renovables

Los productores creen que el documento fantasma les ofrece una baza en los tribunales


El ministro de Industria, José Manuel Soria. / S. B. (EFE)
La oposición cargó ayer contra el ministro de Industria, José Manuel Soria, por ocultar el informe encargado a una consultora independiente para fijar el recorte a las renovables y que finalmente no fue utilizado. ICV exigió su dimisión ya que lleva reclamando sin éxito ese dictamen más de año y medio en el Congreso y el PSOE pidió una comparecencia parlamentaria. Industria quitó importancia al dictamen, que recibió de la consultora Roland Berger después de haber aprobado el recorte de unos 3.000 millones al año. Pero el baile de fechas da un arma a los inversores frente al Estado. Los afectados por el recorte argumentarán en España y en los arbitrajes internacionales que este es un nuevo recorte retroactivo fijado unilateralmente por Industria y no como se anunció por consultoras independientes que garantizaban una rentabilidad razonable a los proyectos de energía limpia.
 
 Tras meses ocultando el informe en un cajón, el recorte a las renovables de 2014 le ha estallado al ministerio. El Supremo le obligó a enviarlo a las centenares de empresas y asociaciones que han recurrido el recorte y estos descubrieron el jueves con sorpresa que uno de los dos informes, el encargado a Boston Consulting Group, ni existía. Además, supieron por primera vez que el otro, de Roland Berger, es de octubre de 2014, cuatro meses después de aprobado el recorte. 

Los plazos incumplen el pliego de contratación que en julio 2013 lanzó sin publicidad el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), y al que ha tenido acceso este diario. Ese documento justifica la “imperiosa urgencia” de la tramitación en que “durante 2012 se abonaron alrededor de 8.500 millones de euros en concepto de primas equivalentes a la generación de electricidad en régimen especial (unos 6.200 millones de euros a la generación con renovables y algo más de 2.300 millones de euros a la cogeneración y tratamiento de residuos)”.
 
El objetivo era la “contratación, preservando una absoluta confidencialidad, de consultoras independientes de contrastada solvencia y reconocido prestigio, para la realización de un estudio que valore y establezca los estándares de costes de inversión y operación de las tecnologías de generación de electricidad que operan en régimen especial en España”.
 
Allí se señala que “el plazo de ejecución de los trabajos, con entrega del Informe final, será de seis semanas desde la firma del contrato. Desde la recepción del Informe final, el IDAE dispondrá de dos meses para solicitar mejoras de sus informes a las adjudicatarias, las que a su vez dispondrán de un plazo de dos semanas para incorporarlas”.
 
El documento justifica la urgencia: “Ante la inminente aprobación de la reforma que afecta a este régimen, el Ministerio desea contrastar las hipótesis elaboradas por el IDAE, dada la enorme repercusión económica y social que tendrá esta regulación”. Finalmente añade que el “trabajo que deberá haberse realizado antes de la aprobación del nuevo régimen regulador”.
 
Sin embargo, Roland Berger, que el viernes no quiso comentar su informe, entregó su dictamen en octubre de 2014, más de un año después y cuatro meses después de que estuviera aprobado el recorte.
 
Aun así, Industria aceptó el documento y lo pagó (el precio ronda los 300.000 euros por informe). El otro, el de Boston Consulting Group, nunca llegó a terminarse, según Industria por “los incumplimientos” de la empresa.
 
El ministerio restó importancia a estos informes contratados y añadió que ha sido el IDAE el responsable de fijar el recorte para 65.000 instalaciones renovables. “Los estándares de renovables se han elaborado exclusivamente por los servicios del Ministerio en particular el IDAE. No se ha encargado a ninguna empresa externa la elaboración de los mismos”, afirmó un portavoz en un correo electrónico y que se negó a contestar preguntas sobre el tema.
 
Las asociaciones de renovables están convencidas de haber encontrado una brecha contra el Gobierno. Para la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier), esta información demuestra que “la justificación que daba el ministerio era mentira”. Subraya que cuando se aprobó la reforma eléctrica, en julio de 2013, ya existía una previsión de recorte de retribución renovable, mucho antes de que se elaboraran los informes, lo que demuestra que "esto no es más que un trampantojo".
 
El director general de la patronal fotovoltaica Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, indicó a Efe que "los jueces tendrá que ver la arbitrariedad del Gobierno y el mal uso de la discrecionalidad" en las normas en esta cuestión. En su opinión, la falta de informes "pone en evidencia al Gobierno" porque "en su día el ministro (de Industria, José Manuel Soria) dijo para justificar la contratación de los informes el dar transparencia al proceso". Ahora, en cambio "se ha visto (...) que ni transparencia ni objetividad".
 
Fuentes del sector destacan que es en los arbitrajes internacionales donde más puede pesar que ha sido el Gobierno directamente, y no una consultora independiente, la que ha fijado cuál es la rentabilidad razonable de las instalaciones.
 
La oposición se sumó a la crítica. El PSOE registró una solicitud de comparecencia del ministro de Industria para que explique "los motivos por los que se aprobó el mayor recorte de la historia de las energías renovables" sin los informes en los que se apoyaba.
ICV pidió la dimisión de Soria, al considerar que "es muy grave (...) que el informe sea posterior demuestra la cruzada que mantiene el Gobierno contra las energías renovables para mantener los privilegios del lobby nuclear". La diputada Laia Ortiz pidió en julio de 2014 estos informes y no ha recibido respuesta de Industria, por lo que ya pidió amparo a la Cámara.

ACUERDO COMERCIAL CON EE.UU (TTIP)

La UE sólo deja a cada eurodiputado ver dos horas el texto del tratado con Washington

Bruselas prometíó transparencia, pero prohíbe a los parlamentarios hablar de la información a la que tienen acceso, sólo pueden leer en una sala segura, sin dispositivos electrónicos ni bolígrafos, y siempre bajo vigilancia.

La puerta que impide el acceso a los documentos sobre la negociación del TTIP.
La puerta que impide el acceso a los documentos sobre la negociación del TTIP.
Jean Claude Juncker pidió más transparencia; Cecilia Malmström prometió correr las cortinas y dejar que la luz bañase los documentos del Tratado de Libre Comercio que Bruselas y Washington negocian con sigilo, pero la realidad es otra.

De hecho, el "esfuerzo" por mejorar la transparencia que venden el presidente de la Comisión Europea y la comisaria de Comercio fundamentalmente consiste en permitir el acceso a una parte de los documentos sobre el TTIP (Transatlantic Tade and Investment Partnership) a todos los eurodiputados, cuando hasta la fecha sólo siete europarlamentarios tenían acceso a la reading room para consultar los textos.

Y esto, después de pedir cita, indicar exactamente qué documentos desean consultar durante un periodo máximo de dos horas por visita, y sin poder contar una sola palabra de lo que vean, bajo la amenaza de sufrir sanciones administrativas yexponiéndose incluso a afrontar un proceso penal.
La eurodiputada de IU Marina Albiol accederá a parte de los documentos secretos este jueves

Tampoco pueden reproducir los documentos con marca de aguas que les entregan en sobres con su nombre, ni tener ningún tipo de contacto con el exterior. En todo momento son vigilados por un funcionario de la UE que incluso debe revisar que los folios estén enteros y los parlamentarios no hayan arrancado partes pararobarlas, y deben dejar fuera de la sala todos sus aparatos electrónicos, pero también relojes y en muchos casos incluso los bolígrafos, ya que sólo en ocasiones permiten tomar notas.

Estas son algunas de las condiciones que Bruselas impone a sus europarlamentarios para acceder a la información sobre el polémico acuerdo y a otros textos confidenciales, como explica el documento que la UE ha remitido a la eurodiputada Marina Albiol, de Izquierda Unida (grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea, GUE/NGL).

Como miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior, Albiol, una de las eurodiputadas españolas más críticas con el TTIP, cruzará por primera vez el umbral de la reading room a las 10 de la mañana para consultar un texto relacionado con la protección de datos. Su tiempo habrá concluido a las 12, y por muy positivo o negativo que sea el documento que pueda leer no podrá pronunciar una sola palabra al respecto.

De hecho, tampoco podrá acceder a todos los documentos, ya que Bruselas sólo muestra los textos que incluyen sus propias exigencias en la negociación-no consolidados-, no los que también marcan la posición de EEUU -textos consolidados-, que recogen el resultado de las conversaciones entre las dos partes. Como varios europarlamentarios de distintas formaciones han confirmado a este diario, sólo les permiten ver una parte, y les ocultan la más importante.
El documento de 15 folios remitido a Albiol,  titulado simplementeConsignas de Seguridad, establece que los europarlamentarios sólo pueden acceder a los documentos clasificados firmando una declaración solemne, y siempre en solitario.

En una escala del 1 al 4, siendo el 1 el máximo nivel de confidencialidad -EU Top Secret-, los diputados sólo tienen acceso hasta el tercero -EU Confidential- y la información sobre el TTIP a la que pueden acceder se encuentra en el nivel 4, EU Restricted, el más bajo. Desvelar los documentos clasificados como EU Restricted puede "resultar desventajoso para los intereses de la Unión o de uno o más de los estados miembro", según el texto.

No es el caso de los documentos del TTIP, pero en otras ocasiones los europarlamentarios pueden fotocopiar algunos de los documentos con el mismo nivel de confidencialidad, siempre en máquinas "certificadas", desconectadas de la red del parlamento y sin discos duros.

Doble vara de medir con el espionaje
“El espionaje puede provocar una grave violación de la integridad política y administrativa, y tener consecuencias graves para la UE y/o los estados miembros”, explica el documento en poder dePúblico, que incluye también un anexo con ejemplos de casos de espionaje que han afectado en mayor o menor medida a la UE.

Sin embargo, entre ellos no aparece el mayor escándalo de espionaje de los últimos años: el de las escuchas de la NSA norteamericana a millones de ciudadanos europeos, de las que ni siquiera se salvó la canciller alemana Angela Merkel. 

De hecho, el escándalo de la National Security Agency (NSA) fue destapado cuando comenzaban las negociaciones oficiales del polémico TTIP, a mediados de 2013, y el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, pidió paralizarlas hasta esclarecer los hechos.

Hay quien duda si el socialista realmente pretendía lograr pararlas o si lo hizo para desmarcarse de la postura de los conservadores, con los que su partido gobierna en coalición en Alemania.Merkel, que se mostró indignada por haber sido espiada, ni siquiera se planteó esa posibilidad, como tampoco hicieron el resto de líderes europeos.  

La oposición contra el TTIP crece, y mientras fuerzas políticas como IU, Podemos o Equo intentan pararlo, liberales, socialdemócratas y conservadores presionan para culminar el acuerdo que la mayoría de gobernantes europeos defienden a capa y espada sin tener en cuenta a quienes alertan de los peligros del TTIP, entre ellos Mariano Rajoy.